En la actualidad, son muy escasas las convocatorias para apoyar las nuevas inversiones industriales y las ampliaciones para proyectos industriales en Andalucía.
La guerra desatada entre Estados Unidos y Unión Europea por incentivar a la industria para que no se deslocalice (por un lado, USA con su ley de reducción de la inflación y EU con su apoyo a las energías y la descarbonización) hace presagiar una pugna entre ambas potencias para atraer a las grandes inversiones industriales y/o impedir su deslocalización.
Sin embargo, no hay que olvidar que el tejido industrial de Andalucía está liderado por pequeñas y medianas empresas que son a las que habría que ayudar.
No hay que tener muchas expectativas de que desde Bruselas se señale a Andalucía como receptor de esas empresas industriales (antes las derivarían a los países más industrializados de Europa como Alemania, Francia Holanda incluso Polonia). Desde Europa se nos ve más como una región orientada al sol y playa de los jubilados europeos que como una potencia industrial.
Tampoco tenemos que tener muchas expectativas para que el gobierno de la nación “oriente” a posibles grandes inversores a implantarse en la región, por consideraciones políticas de distinto signo y por el pago que el Gobierno tiene que hacer a sus socios catalanes y vascos que difícilmente van a permitir que un proyecto industrial de cierta consideración salga de sus fronteras.
Es el juego que se ha implantado en nuestros días entre los industriales globales y las administraciones públicas: el “y tú que me das de más para que me implante en tu región”; la subasta de proyectos entre las regiones que hacen que las autoridades públicas tengan que hacer lo más atractivo posible a sus emplazamientos. Son las reglas del juego; gustarán más o menos, pero eso es lo que hay.
La última convocatoria más o menos “potente” que elaboró la Junta de Andalucía para la industria fue el programa de subvenciones para el desarrollo industrial, la mejora de la competitividad, la transformación digital y la creación de empleo en Andalucía que estuvo activa hasta el año 2020 y que fue gestionada por la Agencia IDEA dependiente de la Consejería de Economía, Hacienda y fondos europeos. Desde entonces, nada nuevo.
De esta convocatoria, aparte de la dificultad para acceder a ellas, nos encontramos con la falta de operatividad en su gestión ya que hay bastantes solicitudes que no han sido todavía atendidas y de las que lo han hecho, una parte de ellas todavía no han recibido los fondos.
Por otro lado, las regiones y países limítrofes a Andalucía llevan varios años atrayendo inversiones industriales y ayudando al desarrollo de las existentes.
Extremadura ha sacado su convocatoria de incentivos a la inversión empresarial para aquellos proyectos que se implanten en esa región y gestionados de una forma ágil y con garantía y seguridad jurídica. Este programa se extenderá desde el 26 de enero de 2023 hasta el 31 de Diciembre de 2026.
Nuestro país vecino con el que compartimos frontera (Portugal) es otro ejemplo, a nuestro entender, de modelo de éxito. También ha concebido un programa muy ambicioso de apoyo a las inversiones industriales que daría para escribir un artículo entero.
También en materia de energía están cerradas las convocatorias de la Junta que tan bien ha gestionado el organismo adscrito a la Consejería de política industrial y energía que es la Agencia Andaluza de la Energía.
Por último, los fondos next generation gestionados por el gobierno de la nación y que, de momento, tan escasos resultados han tenido, obligan a pensar que, si no hay un golpe de timón, estos fondos (si llegan y se gestionan como hasta ahora) más que unos impulsos van a significar un lastre que tendrán que soportar las generaciones venideras. Terminarán malgastados en proyectos que no aportan valor en el largo plazo como lo haría la industria.
Hace falta reaccionar y hay que hacerlo ya, sin demora, sin parálisis por el análisis, sin miedo a impulsar proyectos, aunque un porcentaje de los mismos pueda ser fallido: forma parte del riesgo empresarial y debe estar en el ADN de la colaboración público-privada.