Categoría: POLÍTICA

El reciente anuncio de Maersk de sustituir el puerto de Algeciras por Tánger Med en una de sus principales rutas internacionales ha encendido las alarmas en el sector portuario español. Esta decisión pone de manifiesto un problema estructural que amenaza con debilitar el liderazgo industrial y logístico de España: la combinación de un exceso de regulación y la falta de competitividad frente a países limítrofes.

Redes eléctricas saturadas y costes regulatorios

La desventaja competitiva de Algeciras no radica en su infraestructura o capacidad operativa, sino en un entorno regulatorio que dificulta la operatividad y eleva los costes. La introducción del sistema ETS (Emissions Trading System) por parte de la Unión Europea ha impuesto un coste adicional significativo, que puede superar los 160.000 euros por buque. Este sobrecoste está empujando a las navieras a buscar alternativas más económicas, como Tánger Med, donde la carga regulatoria es considerablemente menor.

La amenaza de Tánger Med: un competidor en auge

Tánger Med, impulsado por Marruecos para competir directamente con Algeciras, ofrece condiciones más atractivas tanto en costos como en agilidad regulatoria. Este puerto, que no está sujeto a las estrictas normativas europeas, ha logrado posicionarse como un destino preferido para navieras globales, erosionando el liderazgo del puerto gaditano.

Políticas ambientales desincentivadoras

Si bien la transición ecológica es imprescindible, las políticas actuales no están acompañadas de mecanismos que equilibren la competitividad industrial. El caso de Algeciras es un ejemplo claro de cómo una normativa bien intencionada puede generar efectos colaterales perjudiciales. Al no contar con excepciones o ajustes para puertos estratégicos como el gaditano, se está facilitando un desplazamiento de la actividad industrial hacia territorios con menores exigencias ambientales.

Consecuencias para la industria española

El cambio de Maersk no es un hecho aislado, sino parte de una tendencia preocupante que afecta a otros sectores industriales en España. La falta de infraestructura adecuada, como la eterna promesa del corredor ferroviario Algeciras-Bobadilla, agrava la situación. Este contexto no solo pone en riesgo miles de empleos, sino también la posición de España como un nodo logístico clave en Europa.

Es urgente que las autoridades reconsideren el marco normativo y adopten medidas que protejan la competitividad de puertos estratégicos como Algeciras. Si no se actúa, seguiremos viendo cómo países como Marruecos capitalizan nuestras debilidades, atrayendo a empresas que huyen de un entorno cada vez más hostil.

Desde Más Industria, hacemos un llamado a la acción para equilibrar las políticas ambientales con las necesidades del sector industrial. Es posible avanzar hacia la sostenibilidad sin comprometer el desarrollo económico de España.

La reciente publicación de una nueva orden de incentivos a las inversiones industriales en Andalucía, que incluye incentivos para el desarrollo industrial, es un paso positivo hacia la dinamización de proyectos clave para la región. Estos incentivos, alineados con los objetivos de innovación, sostenibilidad y crecimiento económico, buscan fortalecer el tejido productivo andaluz en sectores estratégicos. Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones, no podemos ignorar que hay aspectos críticos que deben mejorarse para que estos incentivos alcancen su verdadero potencial.

Uno de los puntos más preocupantes es la dotación presupuestaria asignada a esta nueva orden. Si bien es cierto que cualquier estímulo a la inversión industrial es bienvenido, la realidad es que los recursos actuales parecen insuficientes frente a las grandes necesidades del sector industrial andaluz. El crecimiento que se espera alcanzar en las próximas décadas, tanto en innovación como en empleo, requiere una mayor asignación de fondos, es algo que ya hemos visto en el primer semestre de 2024 con el aumento del 10,4% en la facturación industrial. Es esencial que el Gobierno andaluz redoble su apuesta por la industria con un presupuesto más ambicioso. Las empresas necesitan sentir que el apoyo financiero es suficiente para hacer frente a las complejidades y riesgos inherentes a proyectos de gran envergadura, especialmente en un contexto de alta competencia global.

Otro de los desafíos evidentes tiene que ver con la gestión documental exigida para la justificación de las ayudas. El sistema actual, cargado de trámites burocráticos y requisitos excesivamente complicados, desalienta a muchas pequeñas y medianas empresas que, a pesar de ser elegibles, terminan por no solicitar las ayudas. Este problema es especialmente grave para las microempresas y emprendedores, que carecen de los recursos y personal para afrontar estas exigencias administrativas. La simplificación de los procesos de solicitud y justificación debe ser una prioridad urgente. Andalucía necesita un sistema más ágil y accesible, que elimine barreras innecesarias y permita que las empresas puedan centrarse en lo que realmente importa: la inversión y el crecimiento.

Además, es fundamental destacar que las cantidades asignadas a las ayudas nos parecen insuficientes, especialmente teniendo en cuenta la magnitud de la región y las grandes necesidades que enfrenta en términos de inversión e innovación. Las pymes, que constituyen el verdadero motor de la economía andaluza, necesitan mayor apoyo, ya que tienen un acceso mucho más limitado a la financiación pública estatal, la cual suele favorecer a grandes proyectos en lugar de a las pequeñas y medianas iniciativas. El verdadero desarrollo industrial de Andalucía pasa por respaldar a estas pymes, que son las que realmente impulsan la creación de empleo y el crecimiento económico en la región.

En este sentido, es fundamental que el dinero destinado a estos incentivos se aplique de manera efectiva a proyectos innovadores y de inversión, evitando que queden desiertos debido a trabas burocráticas. Muchos empresarios ya han experimentado problemas en convocatorias anteriores, en las que, a pesar de realizar las inversiones previstas, no recibieron las ayudas prometidas, basándose en justificaciones que no resisten un análisis serio ante ninguna administración de justicia. Este tipo de situaciones deben corregirse para que el sector industrial pueda confiar en los apoyos ofrecidos y llevar adelante proyectos con seguridad y respaldo institucional.

En este contexto, la Agencia TRADE, responsable de gestionar estas ayudas, debe trabajar activamente para ganarse la credibilidad que tanto necesita. La herencia de la Agencia IDEA, cuya reputación ha sido deteriorada por numerosos problemas de gestión y escándalos, sigue pesando. TRADE debe diferenciarse con una gestión transparente, eficiente y centrada en el usuario. Solo así podrá restablecer la confianza perdida entre las empresas andaluzas, lo que es fundamental para que el sector industrial aproveche plenamente estos incentivos.

El papel de TRADE será decisivo no solo en la distribución eficiente de los fondos, sino también en la asistencia y acompañamiento que brinde a las empresas a lo largo del proceso. Si esta nueva agencia consigue ofrecer un servicio más cercano y fiable, podrá ser una pieza clave en la recuperación de la credibilidad institucional en Andalucía y en el éxito de estos incentivos.

En conclusión, los incentivos a la inversión industrial son una herramienta fundamental para dinamizar el sector y asegurar el crecimiento económico en la región. Sin embargo, no podemos quedarnos en el optimismo. El éxito de estos programas dependerá, en gran medida, de que se aumente la dotación presupuestaria y se simplifique la burocracia, permitiendo que más empresas puedan beneficiarse de ellos. Además, la Agencia TRADE debe demostrar con hechos que está a la altura del desafío, superando los errores del pasado y ofreciendo a las empresas andaluzas un apoyo real, eficaz y transparente. Solo así podremos asegurar un futuro industrial próspero para Andalucía.

Desde MÁS INDUSTRIA celebramos los cambios en las normativas urbanísticas promovidas por el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, que buscan simplificar la burocracia y reducir las cargas administrativas para impulsar la inversión industrial y la actividad económica local. La reciente aprobación de modificaciones en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) es un paso crucial para convertir esta ciudad en un polo de atracción para proyectos estratégicos.

Dicho enfoque se centra en facilitar el desarrollo económico sostenible y la generación de empleo, priorizando la atención directa a los inversores y la agilización de trámites. La eliminación de restricciones en la superficie de parcelas para proyectos industriales y logísticos refleja el compromiso con la simplificación y la flexibilización de procesos.

Además, la posibilidad de ejecutar cerramientos perimetrales y la adaptación de normativas en el sector residencial demuestran la voluntad de crear un entorno propicio para la inversión y el crecimiento empresarial, al tiempo que se garantiza la calidad de vida de los ciudadanos.

En resumen, estas medidas reflejan el compromiso con la simplificación administrativa y la reducción de normativas que obstaculizan el desarrollo industrial y la inversión en Alcalá de Guadaíra. Estamos convencidos de que estas reformas contribuirán significativamente a fortalecer la economía local y a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Puedes leer más información en la web de El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.

MÁS INDUSTRIA comparte la preocupación expresada recientemente por el analista económico Marc Vidal en los micrófonos de la Cadena Cope sobre la caída de la productividad en España, fenómeno que se ha extendido desde el año 2000 y ha exacerbado la brecha con la Unión Europea.

El análisis de Vidal destaca que mientras España ha experimentado una disminución del 7,3% en productividad, otros países como Estados Unidos, Alemania y Reino Unido han registrado un crecimiento significativo. “Mientras que en EEUU crecía un 15,5%, en Alemania un 11,8% o en Reino Unido un 8,8%, en España caía un 7,3%”, señalaba el experto economista. Esta situación nos coloca en la retaguardia de la OCDE y nos remonta a niveles de 2009.

La baja productividad no solo impacta en el crecimiento del Producto Interno Bruto per cápita, sino que también afecta la riqueza nacional, el nivel de vida, la desigualdad, el sector productivo y la creación de empleo. Es crucial reconocer que la falta de atención a este tema amenaza el bienestar social y desincentiva la inversión.

A estas alturas, la cuestión que se plantea es ¿cómo es que la productividad en España ha experimentado una disminución mientras que en otros países no? Según este experto, la respuesta radica en que «otros países han cumplido con sus responsabilidades» y han logrado «eliminar la dependencia de sectores menos productivos».

A modo de ejemplo, señala que, mientras España ha aumentado su dependencia en el sector servicios, países como Estonia o Irlanda han fomentado la industria tecnológica. A pesar de las circunstancias desfavorables, destaca que «la diversificación del suministro energético español» ha evitado una caída más pronunciada, gracias al esfuerzo inversor de las empresas energéticas, aunque estas enfrenten impuestos específicos.

Sin embargo, a juicio de Vidal, los elementos que contribuyen a la baja productividad «proceden de una sobrecapitalización en el sector inmobiliario, una inversión insuficiente en activos intangibles, una ineficiencia laboral y educativa inexplicable, y la propia estructura de nuestro tejido productivo», algo de lo que ya llevamos tiempo advirtiendo desde MÁS INDUSTRIA.

En MÁS INDUSTRIA también coincidimos con Vidal en llamar la atención sobre esta situación que parece que no está importando a nadie. Además, abogamos por redirigir las inversiones hacia sectores altamente productivos, aumentar la inversión en investigación y desarrollo, reformar la educación, premiar a las empresas que promueven la utilización efectiva de trabajadores cualificados y eliminar barreras que obstaculizan la inversión extranjera. Además, instamos a las empresas a llevar a cabo una verdadera digitalización y capitalización, incentivando la adquisición de maquinaria, automatización y mejoras organizativas. Todo esto no se consigue actualmente por la alta presión fiscal que descapitaliza a las empresas y a los trabajadores, la burocratización excesiva que desincentiva, bloquea, retrasa y encarece los proyectos, y la mala gestión de los presupuestos públicos de economía planificada que tenemos en España. Es imperativo que se tomen medidas urgentes para revertir esta situación y fortalecer el tejido industrial español, y más concretamente, el andaluz, apostando por la innovación, la eficiencia y la colaboración entre sectores público y privado.

Según denuncia la Cámara de Cuentas de Andalucía, a través del Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Junta de Andalucía de 2022, los fondos de las ayudas europeas Next Generation continúan con un bajo nivel de ejecución debido a, entre otras causas, a la compleja burocracia que, en muchas ocasiones, tienen que realizar las empresas para acceder a ellos. Esta preocupante situación se manifiesta al conocer que el excedente de financiación del Mecanismo de Recuperación y Resilencia ha ascendido a casi tres millones de euros, lo que significa el 89,8% de los fondos referidos.

Desde MÁS INDUSTRIA también queremos denunciar la actual parálisis en la llegada de estos fondos al tejido productivo de nuestra comunidad. Este estancamiento, atribuible a la ineficacia de la administración y de sus agencias públicas, está generando un impacto negativo significativo.

Bajo nuestro punto de vista, son diversos los factores contribuyen a esta problemática, entre los cuales destacan el exceso de burocracia, la carencia o inexistencia de órdenes de incentivos claras, así como el miedo palpable en la Administración a firmar y respaldar proyectos empresariales. A su vez, las empresas muestran un marcado rechazo, e incluso desconfianza, al solicitar fondos públicos debido a experiencias previas adversas con la Administración.

Un ejemplo de la asfixiante carga burocrática es evidente en los procedimientos para obtener ayudas económicas. Un expediente destinado a solicitar una modesta ayuda de 30.000€ puede alcanzar la desorbitada cifra de 2.000 folios de documentos. Este exceso de documentación no solo desgasta recursos, sino que también amplifica la posibilidad de que cualquier mínima duda en la evaluación del expediente resulte en la desaprobación completa del mismo.

Desde Más Industria creemos que es imperativo abordar estos problemas urgentemente para evitar mayores repercusiones en el tejido empresarial de Andalucía. La simplificación de procesos, la promulgación de políticas claras y el restablecimiento de la confianza entre la Administración y las empresas son medidas cruciales para revitalizar la economía local y asegurar el flujo de fondos necesario para el desarrollo sostenible de nuestra región.